En octubre de 2020 fue detenido en Estados Unidos el exsecretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Eso es crimen autorizado.

En julio de 2020 una juez federal mexicana liberó a un narcotraficante a cambio de 2 millones de dólares. Eso es crimen autorizado.

En diciembre de 2019 fue detenido en Estados Unidos el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa. Eso es crimen autorizado.

En abril de 2019 un candidato presidencial de Guatemala fue apresado en Estados Unidos acusado de solicitar al cártel de Sinaloa fondos para la campaña. Eso es crimen autorizado.

En Paraguay los cárteles de la droga penetran los niveles más altos de la policía y logran un narcopresidente. En ese mismo país, la DEA protegía narcotraficantes para hacerlos sus informantes. Eso es crimen autorizado.

En Colombia las narcoaportaciones a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994 lo imposibilitaron para hablar de legalizar la marihuana. Eso es crimen autorizado.

La categoría crimen autorizado es un concepto jurídico que alude a la asociación entre criminales y el Estado, configurando una condición estructural que dificulta combatir al crimen y a la corrupción. Esto afecta la gobernabilidad, la legitimidad, arruina el tejido político y expande los beneficios del crimen, causando daños graves a la salud social.

En este libro, Samuel Schmidt desarrolla a fondo ese concepto, revelando los impactos sociales, económicos, políticos e ideológicos de la profunda asociación entre los criminales y los distintos componentes del Estado. Además, fiel a su estilo, nos sugiere algunos cursos de acción para librar a la sociedad de esta relación perversa entre crimen y política.