En Financiar la Constitución se reúnen cinco ensayos donde se plantea un problema jurídico –pero, también, político-económico– de enorme actualidad: cómo pensar la relación que debe haber entre los derechos humanos y las restricciones financieras de los Estados. Ante una situación de conflicto, ¿a qué se le debe dar más peso: a los derechos reconocidos en las constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos o a las capacidades financieras de los Estados? Para ello se propone, como horizonte teórico, una Teoría General de la Constitución Financiera, a la que se considera la mejor forma de comprender hoy en día la doctrina financiera y tributaria. Sobre tal base, una adecuada presentación del problema requiere considerar, de forma simultánea, cuatro procesos históricos: a) la constitucionalización del derecho financiero y tributario, b) el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, c) la creciente importancia de las reglas fiscales y d) la experiencia judicial comparada, en la que pueden verse argumentaciones que tienen en cuenta los anteriores procesos. Estos, a su vez, tienen un carácter global, que excede los marcos de los derechos nacionales, de ahí la necesidad de tener en cuenta el derecho comparado, así como la incidencia del derecho internacional.