En relación con la patente de invención y la patente de interés para la defensa nacional en el Derecho Español, se aborda el régimen jurídico de la Patente de Invención, aludiendo a su origen y regulación, así como a su normativa internacional, europea, comunitaria e interna básica, porque no olvidemos que la patente de interés para la defensa nacional es una patente de invención que deberá observar el régimen jurídico establecido para la misma.
Se propone como concepto de patente en general, que constituye el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional cuando observa determinadas especialidades, “el título por el que se reconoce oficialmente la invención de un producto o de un procedimiento industrial y el conjunto de derechos exclusivos con fines industriales reconocidos a su titular por un periodo de tiempo limitado para la divulgación y explotación en el territorio nacional, europeo o internacional de una invención que sea novedosa, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial”.
Se aborda la información empresarial y el concepto de los secretos empresariales, estableciendo su distinción en comerciales e industriales y su relación con la patente de invención, además de su protección jurídico-civil, jurídico-penal y a través del contrato o licencia de know how, sobre el que interesamos la necesidad de una disposición normativa que lo regule en pro de la seguridad jurídica especialmente.
Se pone de manifiesto que las patentes secretas o de interés para la defensa nacional, reguladas en los arts. 119 a 122 LP de 1986 y 111 a 115 LP de 2015, son una excepción al régimen general de patentes, que no se limitan solo al campo armamentístico, sino que también se comprenden otros campos relacionados con las industrias objeto de defensa nacional; y que no están sujetas al pago de tasas de mantenimiento. Las creaciones industriales de interés para la defensa nacional como elemento material que delimitaría el ámbito de aplicación objetivo de las patentes secretas o de interés para la defensa nacional, no constituyen en sí mismas una nueva categoría de creaciones industriales, sino tan sólo una especie dentro de las mismas cuya peculiaridad tiene alguna trascendencia jurídica; debiendo cumplir todos los requisitos y exigencias establecidas en general para las patentes, especialmente en lo referido a los requisitos de patentabilidad.
Se hace un estudio doctrinal y jurisprudencial de los requisitos de patentabilidad, concretados a la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; se alude a los supuestos de no patentabilidad y al derecho a la obtención de la patente, y a sus titulares que pueden ser personas físicas -particulares y autoridades y funcionarios públicos- y personas jurídicas, así como a la transferencia y expropiación de la patente; se pone de manifiesto la importancia del secreto empresarial, que comprende el secreto industrial y el secreto comercial, considerándose desleal la divulgación de estos secretos sin autorización de su titular; se concreta la protección de la patente de invención, aludiendo a las invenciones, a la competencia de los Tribunales Españoles y a las reivindicaciones, además de a la vulneración literal y por equivalencia en el territorio español de la patente de invención; se determina la protección administrativa y contencioso-administrativa de la patente de invención; se establecen como aspectos de la protección judicial civil de la patente de invención que deben tenerse en consideración las normas aplicables, las medidas cautelares, las acciones civiles, las diligencias de comprobación, el procedimiento, la competencia, la legitimación y la prescripción, destacando la acción de indemnización de daños y perjuicios y la protección civil con cláusula de sometimiento a arbitraje; y se configura la protección judicial penal de la propiedad industrial con referencia a la patente de invención, además de recoger el régimen jurídico de la patente de interés para la defensa nacional.
Consideramos que la patente de interés para la defensa nacional constituye el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, tipificado en el art. 277 CP, entendiendo que la declaración firme de su nulidad determina que el delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta por interés de la defensa nacional queda sin objeto material.

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta jurídico-penal a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad, la dignidad y el sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a persecuciones, seguimientos o vigilancias constantes, u otros actos continuos de hostigamiento alterando sensible y significativamente su devenir vital cotidiano.
Resulta de especial relevancia para el enjuiciamiento de los casos de acoso escolar el párrafo 1º del art. 173.1 CP que tipifica el delito de trato degradante, redactado de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/2003, de 29 de septiembre, pues los Tribunales han acudido a él en la mayoría de los casos. El acoso escolar, denominado también bullying, actualmente constituye una de las mayores amenazas en los centros escolares, y se concreta a aquellas conductas de maltrato entre escolares llevadas a cabo de forma reiterada y continuada en el tiempo con la intención de causar un mal a la víctima en posición asimétrica respecto del acosador, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, que atentan contra la dignidad del menor. El espacio donde se desarrolla el acoso escolar normalmente es el centro educativo (bullying), pero el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los menores ha llevado a que la víctima pueda sentirse acosada también fuera del centro (ciberbullying).
La regulación jurídico-penal del mobbing o acoso laboral se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 2º del art. 173.1 CP. La denominación sincrética del mobbing como acoso laboral en el ámbito privado y acoso institucional o funcionarial en el ámbito público, comprende tanto el acoso psicológico laboral como el acoso moral laboral, por no ser excluyentes estos términos y sí complementarios, aunque más amplio el segundo; lo que va a determinar que la delimitación o fijación del concepto jurídico de mobbing o acoso laboral ha de tener en consideración esta postura intermedia o ecléctica en el sentido de que el mismo es acoso psicológico. La fijación de un concepto jurídico de mobbing o acoso laboral se impone por la simple necesidad de determinar la tutela jurídica que se le va a dispensar; y colmando esta imperiosa necesidad conceptualizamos el mismo como, “una conducta activa u omisiva repetida y degradante, realizada durante un tiempo por el acosador o acosadores en el lugar de trabajo donde se desarrolla la relación laboral o de servicio, con la finalidad de que se abandone aquél, que pone en peligro o lesiona la integridad moral y otros derechos fundamentales del acosado o acosados según su gravedad, pudiendo también producir un resultado dañoso personal y material, además de moral”. El mobbing o acoso laboral además de su protección jurídico-penal, es susceptible de protección jurídico-laboral, jurídico-contencioso-administrativa y jurídico-civil, así como de protección jurídico-constitucional; y esta protección también se puede dispensar al resto de las infracciones penales examinadas, aunque solamente cuando concurran los presupuestos establecidos en relación con la protección constitucional y la protección en los distintos órdenes jurisdiccionales ordinarios que se disponen en relación con el mobbing o acoso laboral.
La regulación jurídico-penal del acoso inmobiliario se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 3º del art. 173.1 CP. Conceptualizamos el mobbing o acoso inmobiliario como una conducta antisocial reiterada que tiene como finalidad impedir el disfrute legítimo de la vivienda propia o arrendada, y que de ser hostil o humillante será constitutiva de infracción penal.
La regulación jurídico-penal del acoso sexual se establece con la LO 15/2003, de 29 de septiembre, que modifica el art. 184 CP; y la LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce los arts. 183 ter y 183 quater CP (la LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo el art. 183 bis CP, que regulaba el ciberacoso; actualmente regulado en el art. 183 ter CP). El ciberacoso o grooming, comprende comportamientos realizados a través de tecnologías de la información y la comunicación que un adulto lleva a cabo para establecer vínculos de confianza con un menor a fin de mantener relaciones sexuales con el mismo, explotarlo sexualmente o bien utilizarlo con fines pornográficos. El acoso sexual laboral tipificado en el art. 184 CP se convierte en una modalidad privilegiada de acoso laboral tipificado en el párrafo 2º del art. 173.1 CP, que admite la aplicación de sus aspectos específicos; y es una situación producida como consecuencia de que la solicitud de favores de naturaleza sexual se produce en el ámbito de una relación laboral existente entre el acosador y la víctima o acosado, que ha de ser continuada o habitual.

La Seguridad Pública y los Derechos Humanos guardan una estrecha relación, pues para que haya una verdadera seguridad para todos los habitantes de un país es necesario que las violaciones a sus derechos no sean frecuentes, siendo la seguridad deficiente cuando el número de violaciones aumenta de forma considerable.
    La función de la seguridad pública, tiene un alto grado de dificultad, para quienes la ejercen porque su finalidad principal es mantener la paz y el orden, pero sin afectar los derechos y las libertades de los individuos.
    El reto principal de las instituciones encargadas de la seguridad pública, es lograr un equilibrio entre la coercibilidad de las normas jurídicas sin faltar al respeto de los derechos y valores fundamentales.
    La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
    La seguridad pública tiene como fines prioritarios: Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los Reglamentos gubernativos y de policía, colaborar en la investigación y persecución de los delitos y auxiliar a la población en caso de siniestro y desastres, es muy amplia la gama de actividades que realiza y todas son fundamentales para la estabilidad de un país, cualquiera que falle, propicia la inseguridad de la población con las consecuencias negativas que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos.
    Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante sus actuaciones preventivas, persecutorias y sancionadoras.
    La CE 27 de diciembre de 1978 no precisa un contenido único del término Seguridad.
    Al formular un concepto genérico hace surgir una variedad de seguridades.
    Formula un concepto eminentemente político de seguridad, que es concebida como un derecho de todos los ciudadanos a la pacífica y democrática convivencia conforme al orden jurídico, económico y social justo.
    

En la actual “Sociedad de la información y el conocimiento”, los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la actual sociedad informatizada en la que vivimos; la principal ventaja de su empleo reside en su operatividad para la obtención de evidencias de cualquier clase de delito, pues dispositivos electrónicos constituyan una valiosa fuente de prueba, debido a su capacidad de almacenamiento de información y a su empleo para todo tipo de comunicaciones.