Poder Judicial patrocina un programa piloto de mediación penal, al que se han adscrito más de treinta juzgados de instrucción y de lo penal a lo largo de toda la geografía hispana. Es necesario reflexionar acerca de la mediación como instrumento perfectamente aplicable de justicia restaurativa, en primer lugar, porque en estos momentos es indudable que la mediación penal vive un momento de creciente expansión en España, en segundo lugar, porque favorecer la práctica de la mediación penal, es el único camino adecuado para lograr el convencimiento sobre su bondad y utilidad y, en tercer y último lugar, para concretar las posibilidades de implantación de la mediación en las distintas fases del proceso penal de acuerdo con la legislación vigente. Esta monografía sobre mediación penal tiene una vocación eminentemente práctica porque somos plenamente conscientes de que la mediación penal ya figura en España en la hoja de ruta de la modernización de la justicia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial con el ánimo de reducir la litigiosidad de los juzgados penales. Como parte de esa experiencia piloto del CGPJ, los autores de esta monografía ofrecen, de manera pormenorizada, cada uno de los elementos significativos del proceso de mediación penal para que los futuros mediadores penales encuentren un adecuado soporte práctico a la hora de poder aplicar la teoría disponible.

"El Derecho Constitucional tiene una característica que lo distingue del resto de los cuerpos normativos que constituyen el Ordenamiento Jurídico: no puede darse sino en determinadas condiciones políticas. Los demás cuerpos jurídicos, de ámbito privado y público, siempre están vigentes, se trate de una autocracia o una democracia el régimen político en el que se asienten. El Derecho Constitucional no, porque sólo florece en regímenes que hayan creado las circunstancias necesarias para poder alcanzar su objetivo primordial: la preservación de los derechos personales frente a los abusos de poder.

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquélla se impone con especial rigor, no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y características técnicas, se emplea con profusión el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decisión o juicio jurídico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha información depende en gran medida de que éstos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstáculo para la comprensión del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citación legal en nuestra literatura jurídica así como en las propias resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y más concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestión que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interés entre los diferentes agentes jurídicos de nuestro país.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.

Con el presente manual se pretende que el alumno pueda personalizar el proceso de aprendizaje de cada uno, ha de facilitar el seguimiento de las exposiciones del profesor y ha de permitir que un alumno pueda profundizar en un tema de especial interés para él sin esperar a llegar a las explicaciones de clase correspondientes a ese punto del temario. Confiamos en que este material facilite el proceso de aprendizaje de la asignatura de Prevención y Tratamiento de la Delincuencia y agradecemos a los alumnos y alumnas que lo utilicen y realicen cuantas sugerencias sobre el mismo nos puedan hacer con el fin de mejorarlo.

El presente libro es una ayuda para el estudio del Primer Curso de Derecho Administrativo (concretamente de la segunda parte de la asignatura de Derecho Administrativo I): el acto administrativo, el procedimiento administrativo y los recursos administrativos y contencioso-administrativos. Su finalidad docente es manifiesta en el modo de exposición, busca un lenguaje dirigido más a los alumnos que a la comunidad científica del área de conocimiento, y la inclusión de mecanismos propios para facilitar el estudio, como las fórmulas de los esquemas (numeraciones, letras y guiones en la separación de párrafos y apartados) y los ejemplos significativos, a ser posible, extraídos de casos reales plasmados en sentencias. En casi todos los epígrafes, se recogen ejemplos de las figuras explicadas. En íntima relación con esto último, y con el deseo de la aplicación práctica de la teoría consignada, también se incluyen, en los diversos apartados, numerosas sentencias características de lo expuesto en cada momento, que el alumno no tiene que memorizar necesariamente (salvo casos contados) para superar los exámenes de la asignatura, pero que sí puede servirse de ellas, desde el primer momento, para un entrenamiento práctico correlativo al teórico y, más adelante, para el inicio de su praxis profesional. Por ello, quizá, este material también pueda ser aprovechado, igualmente, por aquellos profesionales del Derecho que requieran una visión rápida y resumida de la asignatura y de referencias jurisprudenciales de los distintos temas incluidos en el libro, que perfectamente pueden emplearse para la redacción de los correspondientes escritos jurídicos (dictámenes, demandas, contestaciones de demanda, etc.).