"El autor aborda de forma rigurosa, y desde una óptica interdisciplinar, los aspectos más relevantes del fenómeno de la criminalidad, partiendo de una revisión de las teorías formuladas acerca de los distintos tipos de delincuencia que examina detenidamente para centrar el debate en la que se conoce como ""organizada"" y de carácter o finalidad terrorista. Su conocimiento, especialmente de ese marco de la criminalidad, viene avalado por su dilatada y brillante trayectoria profesional, una experiencia que le coloca en las mejores condiciones para el análisis del fenómeno delictivo desde su origen hasta las consecuencias derivadas de su comisión, pasando por el de las singularidades de su modus operandi, un análisis para el que, además, se vale de su amplia formación humanista y jurídica. Y es que Manuel Avilés lejos de detenerse en el aspecto criminológico del fenómeno se adentra en el complicado terreno de la legislación penal y procesal para, con una visión marcadamente crítica, poner de manifiesto las múltiples deficiencias que padece y son origen de los numerosos problemas que generan. Y es el conocimiento de ambas disciplinas, así como de la opinión de la doctrina especializada que contrasta, lo que dota de solidez y fundamentación a cuantas soluciones propone a tan amplia problemática. Es de alabar, por último, el modo en que el autor se mueve por los diferentes campos que visita, donde el manejo de un lenguaje claro y riguroso -en el que no faltan expresiones coloquiales que amenizan la lectura y amplían el ya de por sí amplio cuadro de posibles lectores- es una de las claves del atractivo de una obra que, no cabe duda, acierta en el tratamiento de una de las principales lacras de nuestra sociedad: a la vista de la magnitud de sus efectos, quizás la más grave de cuantos tipos de criminalidad ha venido azotando y azota, en la actualidad, al mundo civilizado. "

Poder Judicial patrocina un programa piloto de mediación penal, al que se han adscrito más de treinta juzgados de instrucción y de lo penal a lo largo de toda la geografía hispana. Es necesario reflexionar acerca de la mediación como instrumento perfectamente aplicable de justicia restaurativa, en primer lugar, porque en estos momentos es indudable que la mediación penal vive un momento de creciente expansión en España, en segundo lugar, porque favorecer la práctica de la mediación penal, es el único camino adecuado para lograr el convencimiento sobre su bondad y utilidad y, en tercer y último lugar, para concretar las posibilidades de implantación de la mediación en las distintas fases del proceso penal de acuerdo con la legislación vigente. Esta monografía sobre mediación penal tiene una vocación eminentemente práctica porque somos plenamente conscientes de que la mediación penal ya figura en España en la hoja de ruta de la modernización de la justicia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial con el ánimo de reducir la litigiosidad de los juzgados penales. Como parte de esa experiencia piloto del CGPJ, los autores de esta monografía ofrecen, de manera pormenorizada, cada uno de los elementos significativos del proceso de mediación penal para que los futuros mediadores penales encuentren un adecuado soporte práctico a la hora de poder aplicar la teoría disponible.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.