"El primer objetivo del presente trabajo editorial es la descripción de los distintos tipos de acoso laboral que atentan no solo contra la víctima sino contra el orden económico y los principios constitucionales. El segundo objetivo es proporcionar y señalar los medios probatorios que nuestro ordenamiento jurídico señala, para una justa defensa de las víctimas del mobbing dentro del proceso y en la fase del juicio oral. El rol del criminólogo, entre otros, es ser teórico, explica las relaciones existentes en el campo criminológico, así que la ""lucha contra el delito"" es el objetivo específico de esta editorial (prevención/represión) así como la profilaxis del delito. Para la realización (metodología) de este trabajo editorial de investigación y documentación, se ha utilizado información procedente de las siguientes fuentes: a) Sentencias y jurisprudencia, b) Datos procedentes de artículos doctrinales, c) Estadísticas, d) Vivencias personales y profesionales, e) Etc. Aportando una visión global y objetiva de la configuración del acoso en el ámbito laboral, y ofreciendo alternativas de cara a una resolución pacífica del conflicto. "

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.

La determinación de las fuentes del Derecho es uno de los pilares fundamentales de la exposición del Derecho constitucional particular de cada Estado. El estudio de las fuentes ha sido, sin embargo, tarea preferente de civilistas y filósofos del Derecho. En esta obra, por el contrario, se intenta presentar el tema de las fuentes desde una óptica estrictamente constitucional, es decir, atendiendo a la distribución del poder político. De este modo, las distintas fuentes aparecen expuestas al hilo del estudio de los instrumentos formales con los que cada uno de los órganos y poderes estatales ejerce las funciones que constitucionalmente le están atribuidas. Aunque se parte de la distinción entre “fuentes de autoridad” (el ius) y “fuentes de potestad” (la lex), la exposición se centra, tras el estudio de la Constitución y de los elementos básicos de la dogmática constitucional, en los dos grandes instrumentos dispositivos: la ley, como expresión de la voluntad de las Cortes Generales y el real decreto como forma jurídica que revisten las decisiones políticas y administrativas que el ordenamiento atribuye al Rey o al Gobierno. También la exposición de las restantes fuentes del Derecho español (tratados internacionales, jurisprudencia en sus distintos niveles, principios generales del Derecho, doctrina, costumbre y pacto) se realiza desde la óptica estrictamente constitucional del tema. Tanto la teoría de la Constitución como la exposición de las fuentes se construye desde una visión diacrónica que permita al lector conocer las claves básicas de la evolución de las distintas figuras jurídicas que se analizan: Constitución, ley, real decreto, etc.

Poder Judicial patrocina un programa piloto de mediación penal, al que se han adscrito más de treinta juzgados de instrucción y de lo penal a lo largo de toda la geografía hispana. Es necesario reflexionar acerca de la mediación como instrumento perfectamente aplicable de justicia restaurativa, en primer lugar, porque en estos momentos es indudable que la mediación penal vive un momento de creciente expansión en España, en segundo lugar, porque favorecer la práctica de la mediación penal, es el único camino adecuado para lograr el convencimiento sobre su bondad y utilidad y, en tercer y último lugar, para concretar las posibilidades de implantación de la mediación en las distintas fases del proceso penal de acuerdo con la legislación vigente. Esta monografía sobre mediación penal tiene una vocación eminentemente práctica porque somos plenamente conscientes de que la mediación penal ya figura en España en la hoja de ruta de la modernización de la justicia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial con el ánimo de reducir la litigiosidad de los juzgados penales. Como parte de esa experiencia piloto del CGPJ, los autores de esta monografía ofrecen, de manera pormenorizada, cada uno de los elementos significativos del proceso de mediación penal para que los futuros mediadores penales encuentren un adecuado soporte práctico a la hora de poder aplicar la teoría disponible.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.

Este libro propone un análisis general de las relaciones laborales en Francia, en una perspectiva histórica y comparativa. Privilegia el conocimiento de dimensiones concretas y gira en torno a una cuestión central: ¿la producción de reglas constituye el reto fundamental de las relaciones laborales? Esta obra se divide en dos partes. La primera presenta los actores así como las instituciones representativas y paritarias, antes de que unos enfoques históricos introduzcan el examen de las características actuales de estos actores e instituciones. Centrados en el Hexágono, los análisis son puestos en perspectiva comparándolos con situaciones comparables en otros países europeos. Un planteamiento similar es elegido en la segunda parte dedicada a las relaciones entre dichos actores. Después de estudiar algunos momentos importantes de la historia social gala, aborda los conflictos, las negociaciones y las relaciones laborales a nivel europeo. El análisis se concluye con un estudio de la relación que mantienen las relaciones laborales, la creación de empleo y el crecimiento económico.

"El Derecho Constitucional tiene una característica que lo distingue del resto de los cuerpos normativos que constituyen el Ordenamiento Jurídico: no puede darse sino en determinadas condiciones políticas. Los demás cuerpos jurídicos, de ámbito privado y público, siempre están vigentes, se trate de una autocracia o una democracia el régimen político en el que se asienten. El Derecho Constitucional no, porque sólo florece en regímenes que hayan creado las circunstancias necesarias para poder alcanzar su objetivo primordial: la preservación de los derechos personales frente a los abusos de poder.